La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) manejó de un modo llamativo los $ 900 millones enviados por el Estado Nacional para obras en la red de agua potable y de cloacas de San Miguel de Tucumán, según el ex diputado y dirigente peronista José Vitar. La metodología anómala detectada llevó al presidente del Frente Grande a pedir a la Justicia Federal que investigue qué pasó -la petición ingresó a la oficina del fiscal Pablo Camuña-. La presentación del 14 de mayo de 2021 hace hincapié en cuatro aspectos: a) la prescindencia del mecanismo de la licitación pública; b) el empleo de un criterio de adjudicación basado en el “precio promedio” y c) la distribución de las 22 obras. Vitar calculó que este procedimiento habría causado un perjuicio superior a los $ 200 millones.
“Concurso privado”
El financiamiento para trabajos en la red de agua potable provino del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Vitar relató que ese organismo descentralizado del Estado argentino transfirió recursos a la Provincia de Tucumán y esta encomendó su administración a la SAT SA, quien debía contratar a las empresas. Las obras en cuestión comprenden la sustitución de las viejas cañerías de agua existentes en San Miguel de Tucumán -particularmente, en el sector comprendido entre las cuatro avenidas- y parte del nuevo Colector Cloacal de la zona oeste.
Posibles irregularidades en la SAT: “La ley no dice que haya que adjudicar a la oferta más barata”, afirmó Garber“La SAT no hizo una licitación única para las obras de agua, sino que optó por segmentar la obra y hacer contrataciones por calle”, advirtió el dirigente. Y añadió que esto no habría redundado en beneficios para el erario o la comunidad, sino para los implicados en la construcción. “Se verá que esta metodología habría posibilitado la participación de empresa pequeñas y medianas, las que, lejos de ser actores activos de la maniobra, habrían sido conminadas a actuar”, observó.
La solicitud de investigación refiere que la SAT, en tanto compañía con participación estatal provincial mayoritaria, estaba obligada a hacer licitación pública per se y por el hecho de administrar fondos nacionales: “en su reemplazo empleó una suerte de concurso privado de precios debidamente dirigido y amañado. Para levantar una barrera de aparente legalidad y justificar el incumplimiento de la obligación legal de licitar, la empresa invocó su calidad de sociedad anónima”.
El mecanismo que llamó la atención a Vitar es la adjudicación de las obras no a la empresa que ofrecía el precio más alto o más bajo, sino a la que ofertaba el valor intermedio o promedio. Su sospecha es que esto habría acaecido previo acuerdo de los funcionarios y empresarios involucrados: “por supuesto que en una provincia que vive estados alterados de moralidad y ética pública, lo asombroso pareciera no asombrar, lo bueno se toma por malo y la mejor oferta nunca es la más baja”. El dirigente pidió al fiscal que, al respecto, analice la impugnación de la firma Migonorh SRL a la adjudicación de la obra atinente a la calle Marcos Paz entre las avenidas Mitre y Ejército del Norte.
“Apariencia”
El parámetro del “precio promedio” transgrede la normativa que obliga a los administradores públicos a elegir la oferta más conveniente para el organismo contratante, según Vitar. Su petición expresa que, para sortear el escollo que implicaba no elegir a la empresa que ofrecía ejecutar la obra al precio más bajo, la SAT acudió a una especie de requisito adicional. “La fraudulenta administración se habría perpetrado con el ropaje de la aparente licitud que parece expresarse cuando se hace mérito de que la mejor oferta no sólo es la de menor valor, sino la que le agrega la garantía de cumplimiento que asegure la conclusión de una obra que transporta el agua, elemento esencial para la vida humana y natural”, dijo el dirigente. Y agregó que ello habría operado como “un mero recitado de justificación carente de completa correspondencia con los verdaderos hechos ocurridos, con los propósitos perseguidos y con el trasfondo de defraudación con fondos públicos”.
La presentación afirma que la irregularidad surge cuando se comprueba que las mismas empresas ofertaron para distintas obras y resultaron ganadoras cuando dieron en el centro del “precio promedio”. “La SAT nunca, pero nunca, adjudicó a la oferta más baja. Y ese diferencial entre la oferta intermedia y la más baja sería la exacta cuantía de la defraudación, o sea, lo que pagó de más el Estado respecto del precio más bajo ofrecido en cada situación”.
Vitar insistió en que la mayor erogación no tendría justificación normativa alguna: “en realidad, debajo de toda aquella apariencia habría estado soterrado un claro hecho de corrupción consistente en que todas las empresas adjudicatarias debían entregar un porcentaje del tres por ciento (3%) del total del precio de adjudicación”.
Dos protagonistas
Vitar manifestó que si se verificara su existencia, estos hechos constituirían graves delitos que dejarían incursa la actuación de funcionarios públicos y eventualmente de empresarios en posibles delitos perpetrados contra el Estado Nacional al que se le habría irrogado cuantiosos perjuicios económicos. “En los actos, reitero, presuntamente delictivos habrían tenido intervención los señores Augusto Jorge Elías Guraiib, como responsable de la conducción de la SAT, y Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción”, indicó. Y sugirió una serie de medidas de prueba dirigidas a esclarecer el asunto.